Por fin se empieza a hacer efectiva la condonación de la deuda acumulada para más de 35.000 familias vulnerabilizadas entre 2015 y 2020, tal y como se acordó en los convenios firmados entre Endesa y la Generalitat, en marzo de 2021
Exigimos al Gobierno y a Endesa que pongan manos a la obra para cumplir el resto de compromisos incluidos en estos acuerdos
Hoy podemos celebrar que, transcurridos casi 8 meses desde la firma de los convenios entre la Generalitat y Endesa, las familias están empezando a recibir la esperadísima carta de la compañía en la que se les comunica la condonación de la deuda acumulada entre 2015 y 2020. Por fin, esta gran victoria de la APE, resultado de años de lucha, es un hecho materializado que representa un antes y un después para las familias catalanas que han sufrido el acoso de la compañía en los últimos años. Recordemos algunos de los momentos más decisivos de este largo camino.
El origen del éxito que hoy celebramos se remonta a 2015, año en el que se aprobó la Ley 24/2015, una norma impulsada por el ODESC, la PAH y la APE, mediante una iniciativa legislativa popular (ILP), pionera tanto en el ámbito estatal como europeo, por su contenido garantista. La piedra angular de esta ley, en materia de pobreza energética, era el principio de precaución que obliga a las suministradoras a verificar con servicios sociales la situación, de vulnerabilidad o no, de las personas, antes de cortar el servicio por impago. De acuerdo con el artículo 6.3. de la misma ley, la cuestión de la deuda acumulada por las familias con las compañías debía resolverse mediante unos convenios que las administraciones públicas debían firmar con las compañías suministradoras.
Desde la aprobación de la ley, ninguna de las grandes operadoras mostró disposición para sentarse en la mesa de negociación para firmar estos convenios. Desde APE, impulsamos una campaña exigiendo la condonación de la deuda por parte de todas las suministradoras. En 2017, en un primer intento de desbloquear la cuestión, todas las administraciones catalanas hicieron una propuesta a estas empresas. Endesa, como todas las grandes empresas, se negó a asumir el 50% de las facturas impagadas y las negociaciones en marcha quedaron torpedeadas.
En verano de 2019, Endesa envió una carta a decenas de ayuntamientos catalanes, amenazándoles con cortar el suministro de miles de familias vulnerabilizadas si los consistorios no se hacían cargo de la deuda acumulada por estas. Éste fue un punto de inflexión, la compañía ahora reclamaba por la vía de la amenaza lo que dos años atrás no había querido aceptar por la vía de la negociación.
En este contexto, se creó un grupo de trabajo formado por dos Departamentos de Gobierno de la Generalitat (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, por un lado, y Empresa y competitividad, por otro), las Diputaciones de Barcelona, Tarragona , Girona y Lleida, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, las entidades municipalistas, la Mesa del tercer sector Social y la APE.
En paralelo, desde la APE, impulsamos la campaña (#MunicipisVsEndesa), en cuyo marco decenas de ayuntamientos de todo el territorio aprobaron mociones exigiendo a la compañía la condonación.
En el grupo de trabajo se trabajó durante meses en una propuesta de convenio que fue presentada en diciembre de 2019. Sin embargo, Endesa se negó a aceptar la condonación total de la deuda, indicada en la propuesta. En julio de 2020, todas las integrantes del grupo de trabajo comparecieron públicamente para denunciar la actitud de la gran multinacional.
No fue hasta marzo de 2021, después de meses de negociación y en plena crisis de la pandémica de la COVID-19, que logramos que Endesa optara por moverse de su posición de bloqueo y aceptara firmar dos acuerdos que incluían una serie de medidas para combatir la pobreza energética (Resolución TSF/945/2021 y Resolución TSF/946/2021). Una de las más relevantes era la condonación de la deuda acumulada por 35.518 familias en riesgo de exclusión residencial entre el 6 de agosto de 2015 y 2020.
Tal y como explicamos en su momento, Endesa se comprometía a hacerse cargo del 100% de las facturas impagadas entre 2015 y 2018; y la Generalitat, junto con otras administraciones públicas, se comprometían a asumir el 50% de la deuda acumulada entre 2019 y 2020. Esto suponía que Endesa acabaría asumiendo más del 70% de la deuda acumulada entre 2015 y 2020. Aunque desde la APE defendimos hasta el final que Endesa debía hacerse cargo de la totalidad de la deuda, recibimos con satisfacción este acuerdo que representaba un logro histórico para muchas familias que llevaban años sufriendo el acoso de las empresas.
Ahora bien, desde entonces, hemos constatado un preocupante baile de cifras y una enorme carencia de transparencia por parte de Endesa en la cuantificación de la deuda, lo que hace difícil saber cuál es exactamente el porcentaje de la deuda total que acabará asumiendo la compañía. Según declaró Endesa en el momento de la firma del convenio, la deuda condonable ascendía a 38.793.524 euros, mientras que siete meses más tarde, según un comunicado del Gobierno, la deuda declarada por la multinacional era unos 6 millones mayor a la reportada inicialmente. Este incremento era principalmente imputado a la deuda acumulada entre 2015 y 2018, que es lo que asume íntegramente la compañía.
De acuerdo con el convenio, la condonación de la deuda debía hacerse de forma automática, es decir, las personas solo tenían que esperar una carta de la compañía notificándoles que efectivamente el contador se ponía a cero y se les daba una segunda oportunidad. Sin embargo, esto no sucedió en el plazo esperado, ya que, con el cambio de Gobierno, la Generalitat tardó mucho en poner manos a la obra en la implementación del convenio.
Si Endesa hubiera puesto buena voluntad, podría haber enviado las cartas de condonación inmediatamente después de la firma del convenio, pero no quiso hacerlo hasta asegurarse de que el nuevo Gobierno cumpliera con sus compromisos. Y mientras las cartas no llegaban, aunque desde la Generalitat se nos aseguraba que la deuda estaba condonada, en la APE nos llegaban casos de personas en riesgo de exclusión residencial a las que se les seguían reclamando las facturas impagadas.
Finalmente, el pasado 9 de noviembre, el Gobierno de la Generalitat aprobaba una partida presupuestaria de 10,8 millones de euros, asignada al Departamento de Empresa y Trabajo, para abonar a Endesa la parte de la deuda que se había comprometido a asumir. Este gasto se ejecutará en tres pagos hasta 2023.
Ahora que las cartas comienzan a llegar a las familias, celebramos que hemos dado un gran paso adelante en la implementación de los convenios. Es sin duda una gran victoria que dará una segunda oportunidad a las familias, pero no podemos bajar la guardia, el convenio contiene un gran número de compromisos que todavía no se han encarado.
Así pues, instamos a la Generalitat a:
- Realizar de forma urgente una auditoría rigurosa e independiente de la deuda declarada por Endesa.
- Velar por que Endesa cumpla con su compromiso de instalar los contadores sociales de electricidad a familias vulnerables que viven en régimen de ocupación sin título habilitante.
- Crear el órgano gestor del convenio y el Fondo de Atención Solidaria, coparticipado por Endesa y varias administraciones públicas, para hacer frente a la deuda acumulada de 2021 en adelante.
- Abrir mesas de negociaciones con las demás grandes compañías suministradoras para firmar acuerdos similares al firmado con Endesa.
Y exigimos a Endesa que:
- Sea transparente en la cuantificación de la deuda y dé explicaciones sobre los bailes de cifras identificados.
- Agilice los trámites para instalar los contadores sociales eléctricos.
- Pase a todas las personas con Informe de Riesgo de Exclusión Residencial (IRER) al el mercado regulado.
- Agilice los trámites para que las familias puedan solicitar el bono social.