La movilización posibilita un acuerdo que recupera la mayoría parlamentaria para aprobarlas lo antes posible a través de una nueva Ley que quedó bloqueada en el trámite de enmiendas
En junio de 2021 el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 presentamos y registramos en el Parlament una nueva proposición de Ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional. Con una amplia mayoría parlamentaria y con intención de aprobarla a través de una tramitación de urgencia en el mes de noviembre, la proposición de Ley contaba con el apoyo de Junts, ERC, CUP y En Comú Podem.
Pero un mes antes de la fecha de aprobación prevista, el grupo parlamentario de Junts presentó 7 enmiendas que debilitaban los alquileres sociales obligatorios y se difuminaba la mayoría parlamentaria inicial para aprobarla, quedando bloqueado su trámite. Inmediatamente, reaccionamos en la calle, pidiendo a Junts, a sus concejalas locales, a la consejera Violant Cervera y, por último, al presidente Puigdemont, que reconsideraran su posición, para salvaguardar las medidas de la nueva Ley.
Hoy anunciamos que hemos logrado desbloquear el trámite de la nueva Ley y reactivamos la cuenta atrás para aprobar de nuevo las medidas antidesahucios anuladas. Aunque las enmiendas y el texto que irá a votación en el Pleno del Parlament se votarán el próximo 2 de febrero, ayer mismo la ponencia previa ratificó que ERC, Junts, CUP y En Comú Podem son de nuevo una mayoría para aprobar una nueva versión del texto que ha sido validada y negociada por el Grupo Promotor de la Ley 24/2015.
El acuerdo garantiza que se recuperan las medidas de alquiler social antidesahucios anuladas con la derogación de parte del Decreto Ley 17/2019. Se descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores de las enmiendas que debilitaba la Ley 24/2015, se introduce una medida de fomento de los alquileres sociales para evitar desahucios y se incluyen varias mejoras respecto a las medidas anteriores.
Las medidas que se recuperan para las personas en exclusión residencial son:
- Renovaciones obligatorias de los alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin: miles de personas con alquileres sociales firmados en 2015, evitarán su desahucio con esta medida imprescindible para evitar una nueva ola de desahucios.
- Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en fin de contratos de alquiler: para evitar los desahucios invisibles de familias en exclusión residencial, que se han quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato de alquiler con un gran tenedor.
- Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables sin título: imprescindible para las familias que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de bancos o buitres y que estén viviendo ahí desde antes del 1 de junio 2021, o porque después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca han quedado sin título en el mismo piso, causa de miles de desahucios anuales.
Las mejoras destacadas y el mecanismo de fomento que se introduce son:
- Ampliación de la definición de gran tenedor: ahora incluirá a personas jurídicas de más de 10 viviendas, protegiendo a más gente (manteniéndose en 15, por lo tanto, tal y como estaba en personas físicas).
- La obligación de ofrecer alquiler social en casos de extinción de contrato: estará vigente durante 5 años si el GT es persona física, 7 si es persona jurídica, y 12 si es banco o fondo buitre. Antes, la vigencia de la medida eran 3 años. Cada contrato individual firmado dentro de esta vigencia debe tener la duración establecida en la LAU.
- Control de ofertas de alquiler social obligatorio: también por parte de la Generalitat y no solo de los ayuntamientos, y límite de un mes por parte del gran tenedor a realizar la oferta.
- Ampliación a 7 años de la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y buitres: permite movilizar durante más tiempo pisos vacíos provenientes de desahucios.
- Elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas: para facilitar el cumplimiento de la ley y la sanción si se trata de esquivar.
- Medida de fomento para evitar desahucios: a cambio de no poner demanda de desahucio o si lo detienen, los grandes tenedores no vinculados a bancos y buitres podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial, quedándose estos como inquilinas con un alquiler social con la Administración. Se mantiene la obligación de alquiler social si no se acogen, con las correspondientes sanciones si se incumple.
Cabe recordar, además, que las medidas originales de la Ley 24/2015 de alquileres sociales obligatorios en ejecuciones hipotecarias o desahucios de impagos de alquiler, siguen todavía hoy vigentes, gracias a la lucha de 2016 a 2019 por recuperarlas; por lo tanto, la protección cuando se apruebe la nueva Ley será muy amplia.
Habiendo recuperado una mayoría parlamentaria, no tenemos ninguna duda de que la nueva Ley que detendrá miles de desahucios en toda Catalunya va adelante y se aprobará. El próximo 2 de febrero hay la comisión parlamentaria donde se votará definitivamente el texto que se llevará al Pleno del Parlament para el último paso y, más importante, su votación y aprobación.
De hoy hasta la votación final, continuaremos atentas hasta que se apruebe y, después, exigiremos que se aplique desde el primer día al 100%. No podemos perder más tiempo, no permitiremos que los grupos que mantengan enmiendas torpedeen la Ley y trabajaremos para conseguir aún más apoyos parlamentarios.
Porque creemos, como la mayoría de la sociedad, que debemos dejar atrás de una vez por todas los desahucios y la emergencia habitacional. Como decíamos en 2015, al aprobar la ILP Vivienda: “no pararemos hasta vivir en una Catalunya libre de desahucios y cortes de suministros”.