Categorías
Noticias sala de prensa

Las próximas 48 horas son claves para que el Estado y la Generalitat salven la ampliación de la ley antidesahucios catalana

Las negociaciones duran hace meses y el plazo termina el 7 de diciembre: solo un acuerdo puede evitar un recurso contra la Ley 1/2022

Esta ley ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en Catalunya y 200.000 cortes de suministros

ACTUALIZACIÓN: Mientras publicábamos este comunicado se ha difundido en la sección web de acuerdos del Consejo de Ministros, que en su sesión de hoy 5/12/2022 el Gobierno del Estado ha acordado impugnar el alquiler social obligatorio para aquellos casos de ocupación en precario. Es una vergüenza que antes de agotarse el plazo el gobierno ya apueste por recurrir una medida de la cual dependen centenares de familias que esperan su alquiler social en condiciones muy precarias. ¡Exigimos que agoten las 48 horas que tienen para negociar para evitar el recurso y que se rectifique este grave ataque al derecho a la vivienda!

La Generalitat y el Gobierno español de Unidas Podemos y PSOE negocian hace meses para evitar un recurso contra la ampliación de la ley catalana antidesahucios (Ley 1/2022) aprobada el pasado mes de marzo. El plazo para llegar a un acuerdo termina este miércoles 7 de diciembre. La ampliación del alquiler social en las finalizaciones de contratos de alquiler, renovaciones de alquiler social y en algunas situaciones de ocupación, siempre que cumplan requisitos específicos, ya fue impugnada por parte de VOX y el PP el pasado mes de septiembre.

A menos de 48h de que acabe el plazo, los escenarios posibles son dos: que se llegue a un acuerdo interpretativo final que haga decaer un posible recurso por parte del Gobierno, o que no se llegue a un entendimiento en todas las medidas, y el Gobierno de coalición decida impugnar la ley ante el Constitucional, tal y como ha planteado ya la ultraderecha obedeciendo a los designios de la banca y de los buitres.

Sería difícil entender que un gobierno formado por dos partidos que se llaman progresistas y que el pasado mes de marzo votaron a favor de aprobar esta ley en el Parlament de Catalunya, sean ahora impulsores de una posible impugnación de la ley o de alguna de las medidas que incluye en el Tribunal Constitucional en línea con la ultraderecha. Más aún cuando esta ley ha demostrado su utilidad en cifras: según un informe presentado por las entidades impulsoras el pasado mes de julio, la ley catalana habría detenido entre 5.000 y 11.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministros en Catalunya −a pesar de las impugnaciones y derogaciones que ha sufrido en estos años. Esto se traduce en miles de familias que han evitado caer en la extrema pobreza y el sinhogarismo en medio de dos crisis, la de la COVID-19 y la inflacionaria. ¿Cómo es posible que un gobierno que hace tan solo dos días prometía tomar medidas de urgencia para evitar las consecuencias de la crisis, ahora amenaza boicotear las leyes, aprobadas por la mayoría de un Parlamento, que precisamente ayudan a las familias más vulnerables? ¿Este es el mensaje que quieren transmitir a las entidades y movimientos sociales, que exigimos hace meses que el alquiler social obligatorio para detener los desahucios se extienda a todo el Estado con su incorporación a la Ley Vivienda?

Mañana, 6 de diciembre, es el día que se celebra la aprobación de la Constitución Española. Aprovechamos para apelar a la responsabilidad de las instituciones para hacer cumplir con el artículo 47 del texto: “ Todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos ”.

La ciudadanía no entendería que el resultado posibilite que se ejecuten miles de desahucios en Catalunya. ¡No podemos perder ni un alquiler social!

Exigimos al Gobierno del Estado que no impugne la ley: ¡está en juego el derecho a la vivienda de muchas familias! ¡Es hora de estar a la altura de la situación!