Activistas de la PAH se citan ante diferentes oficinas de entidades financieras y fondos buitre para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio que tienen derecho a un alquiler social
Hoy 26 de mayo las PAHs de Cataluña han convocado una acción sorpresa ante las oficinas de bancos y fondos buitre para entregar la documentación de familias en riesgo de desahucio, pero que cumplen los requisitos para obtener un alquiler social según la nueva Ley 1/2022 antidesahucios. Esta acción se enmarca dentro de una campaña de presión cuyo objetivo es reivindicar el cumplimiento de la nueva ley que amplió la Ley 24/2015 por parte de grandes tenedores con más de 10 pisos y que se niegan a hacerlo .
El pasado mes de febrero el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda , un texto que volvía a restituir algunos supuestos importantes de alquiler social de la Ley 24/2015 tumbados por el Tribunal Constitucional a instancia del Partido Popular y el gobierno español.
El principal efecto de esta ley es que detiene los desahucios hipotecarios, de alquiler y de ocupación. En el caso de los grandes tenedores como bancos, fondos buitre e inmobiliarias (es decir, personas jurídicas con más de 10 inmuebles), la ley obliga a la propiedad a ofrecer un alquiler social de 7 años a las familias antes de desahuciarlas. Por otra parte, la ley antidesahucios también contempla la cesión obligatoria de vivienda por parte de bancos y fondos buitre, lo que permite movilizar pisos vacíos para realojar familias en riesgo de exclusión residencial y que ni siquiera pueden optar a una vivienda pública porque en Cataluña y España apenas constituye el 2% del total.
Está claro que la Ley 24/2015 es útil y eficaz pero los bancos están reaccionando como siempre: utilizan la burocracia para confundir e intimidar a las familias, demorando y resistiéndose a firmar los alquileres sociales. Esta ley les molesta porque va contra sus intereses, les prohíbe hundir a las familias de por vida para sacar provecho y les impide tener vivienda vacía para especular.
Hace dos meses, exigimos al presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que aplique la Ley 24/2015 con urgencia y sin que le tiemble el pulso . Estamos manteniendo reuniones con la Agencia de Vivienda de Cataluña y la Agencia Catalana de Consumo para que sancionen, tal y como marca la Ley, a quien no ofrezca alquileres sociales un mes después de haber recibido la solicitud y la documentación .
Durante este tiempo, bancos como CaixaBank, Banco Sabadell o BBVA vuelven a dilatar los procesos para no realizar alquileres sociales a las familias, mientras que fondo buitre como Blackstone, Cerberus-Divarian, etc. no dan señales de vida… ¡ahora que deben cumplir con la ley! Es por eso que hoy salimos todas las PAHs de Cataluña a señalar a las entidades financieras y sus amigos buitres. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se dirija a las oficinas bancarias de toda Cataluña exigiendo el cumplimiento de la ley; y avisamos de que continuaremos yendo a sus oficinas o donde sea necesario hasta conseguir nuestros alquileres sociales. Denunciaremos públicamente esta actitud antisocial y contraria a la Ley por parte de estos tenedores (más propia de la mafia), al tiempo que informaremos a toda la ciudadanía de sus derechos.
No dejaremos tranquilos ni a los fondos ni a las entidades financieras, hasta que cumplan la ley. Esto sólo acaba de empezar!