El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 presionamos en la Generalitat para que multe a los grandes tenedores que no cumplen la ley

Activistas de toda Cataluña nos citamos hoy ante la sede de la Agencia Catalana de Consumo para entregar más de cien denuncias por incumplimientos flagrantes de la Ley antidesahucios catalana.

Denunciamos la pasividad y la lentitud de la administración en la hora de aplicar sanciones a grandes tenedores que se niegan a ofrecer alquiler social a las familias, a pesar de cumplir los requisitos.

Un grupo de activistas convocadas por las PAH Catalanas nos hemos citado hoy a la sede de la Agencia Catalana de Consumo en Barcelona para denunciar la carencia de acción por parte de la Generalitat en la hora de hacer cumplir las leyes 24/2015 y 1/2022 antidesahucios de Cataluña. Esta última ley se aprobó el pasado mas de marzo y, entre otros, recuperaba la obligación de los grandes tenedores (es decir, personas físicas o jurídicas con más de 10 propiedades) a ofrecer un alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad una vez finalice su contrato de alquiler de mercado o de alquiler social, y en situaciones de ocupación en pisos de bancos y fondos buitre. Desgraciadamente a día de hoy son muchas las familias que todavía no han recibido una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a pesar de que han demostrado que cumplen con los requisitos para obtenerlo. No solo no han recibido la oferta, sino que en algunos casos la propiedad directamente se ha negado.

Ante el incumplimiento flagrante de una ley, es obligación de la Administración -en este caso la Generalitat a través de la Agencia de Consumo- abrir los expedientes correspondientes y sancionar a quien se salta la ley. Desgraciadamente, tres meses después de aprobarse la ley la Generalitat no ha habilitado de forma clara unos canales adecuados y ágiles para tramitar las denuncias, ni tampoco ha puesto ninguna multa a pesar de tener casos documentados de incumplimiento. Es por eso que exigimos a la administración autonómica y, en particular, al presidente Pere Aragonès, que cumpla con las promesas que nos hizo la última vez que nos reunimos, apenas después de aprobarse la Ley 1/2022 en el Parlamento. 

Está claro que detrás de esta demora hay una maniobra clara y orquestada por parte de la banca y de los buitres, quienes esperan que su brazo político (el PP y la ultraderecha) haga el trabajo sucio y haga caer la ley a través del Tribunal Constitucional, tal y como ya han anunciado recientemente. 

Además, durante esta acción hemos decidido ponerlos las cosas muy fáciles: durante estos tres meses hemos recopilado un centenar de denuncias de familias que llegan a nuestras asambleas en todo Cataluña y hoy les entregamos algunas (otras ya hace días que están tramitadas). Esperamos que con toda esta información la Generalitat ponga manos a la obra y envíe requerimientos de forma inmediata, investigue y ponga las multas correspondientes. Por otro lado, insistimos en la necesidad de que la Agencia Catalana de Consumo habilite los canales adecuados para informar y facilitar la tramitación de las denuncias por parte de la población. ¿Cómo es que se está tardando tanto en informar a las familias que existe una nueva ley que los puede proteger ante un desahucio?

Ante el incumplimiento a cara descubierta de una ley con tanta carga social la respuesta por parte de la Administración tiene que ser contundente y hay que sancionar esta actitud especuladora y antisocial. Si los grandes propietarios sólo entienden el “lenguaje del dinero” es hora de hacerles daño al bolsillo. De lo contrario, la carencia de propuestas de alquiler social sin castigo manda un mensaje de impunidad hacia los poderes económicos.

Las familias de toda Cataluña no están solas: desde el movimiento por la vivienda hemos impulsado leyes que las protegen en caso de encontrarse en riesgo de ser expulsadas de casa suya. Y las animamos a acercarse a nuestras asambleas, donde encontrarán apoyo y el empoderamiento necesarios para luchar por su derecho a un hogar digno y adecuado. Y a los buitres les prometemos que no descansaremos hasta que cumplan con las leyes y ¡hasta que la vivienda en este país sea un derecho y no una mercancía!