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La Generalitat pone las primeras multas a grandes tenedores que no ofrecen alquiler social a las familias vulnerables

El consejero Torrent y la Agencia Catalana del Consum lo han anunciado en rueda de prensa. Hasta ahora los grandes tenedores no recibían multas al desahuciar sin alquiler social.

Esta medida llega después de una acción de las PAHs Catalanas donde se presentaron más de 100 denuncias, exigiendo una respuesta inmediata de la Administración.

La Generalitat de Catalunya y la Agencia Catalana del Consumo han anunciado hoy en una rueda de prensa un paquete de medidas para invertir recursos en hacer cumplir las Leyes 24/2015 y 1/2022 antidesahucios, impulsadas por la PAH, la APE y el Observatorio DESC. La medida más destacada es la apertura de 141 expedientes a grandes tenedores que no cumplen la obligatoriedad de hacer alquiler social a familias vulnerables antes de desahuciarlas, y que 57 de estos ya se han resuelto con sanciones por infracción grave por un importe de 30.000€ cada una.

La Ley 24/2025, ampliada por la 1/2022, obliga a los grandes tenedores de vivienda como bancos y fondo buitre, a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, ya sea hipotecario, como si se encuentran en situación de impago o fin de contrato de alquiler u ocupando una vivienda. Las organizaciones del movimiento por la vivienda llevamos meses denunciando que los grandes tenedores incumplen la norma con cierta comodidad debido a la pasividad de la Administración, que es quien debe multarlos, causando una desprotección inaceptable en quien es desahuciado.

Este hecho motivó que 150 activistas de las PAHs Catalanas se citaran en la sede de la Agencia Catalana del Consumo el pasado mes de junio para entregar más de un centenar de denuncias contra grandes tenedores que incumplen la ley. Gracias a la acción, en una reunión posterior la Generalitat asumió dos primeros compromisos importantes: en primer lugar, revisar las denuncias presentadas y abrir expedientes sancionadores, con multas que pueden ser de miles de euros por cada desahucio sin alquiler social. Y, en segundo lugar, la Administración y el Grupo Promotor acordaron que se implementarían mecanismos más sencillos para tramitar las denuncias y se dotaría de presupuesto a la Agencia para contratar personal técnico y poner en marcha una campaña de difusión de las medidas durante el otoño.

Consideramos que el anuncio de hoy del conseller Roger Torrent y del director de la Agencia del Consumo, Francesc Sutrias, es una buena noticia, ya que por fin la Generalitat pone manos a la obra para desplegar y hacer valer las leyes antidesahucios. Es necesario que con la dotación de recursos suficiente, la Generalitat sea capaz de tramitar denuncias y poner multas a todos los bancos y fondos buitre que intentan desahuciar con la misma impunidad que siempre, como si las leyes que protegen derechos y que no los favorecen no fueran con ellos.

El mensaje para los grandes propietarios está claro: en Catalunya no se puede desahuciar sin ofrecer alquileres sociales. Este mensaje debe hacerse valer con contundencia, sancionando y poniendo los recursos necesarios para que resuene y sea una realidad, porque los derechos humanos no entienden de excusas: piden valentía y prioridades.

A día de hoy Catalunya sigue encabezando el ranking de desahucios de todo el Estado y medidas como la Ley 24/2015 son clave para evitar una nueva ola de desahucios, que se prevé cruda en un contexto de inflación disparada y recesión económica la vista. Seguiremos de cerca el plan de actuaciones presentado por Consumo, para asegurar que funcionen y respondan al reclamo de las personas en riesgo de perder su vivienda.

El anuncio de hoy es un primer paso, positivo, pero faltan muchos más. Exigimos todos los recursos necesarios para proteger el derecho a la vivienda: actuar para evitar los desahucios, multar, realojar, aumentar el parque de vivienda de emergencia y el de vivienda pública protegida, etc.

Por otra parte, el curso ha comenzado con varias actuaciones en las que los Mossos han ejecutado desahucios con actuaciones desproporcionadas e indignantes (Granollers, la Sagrera y otros). Denunciamos tales acciones y exigimos que la Generalitat deje de sufragar operativos y recursos públicos, para vulnerar los derechos humanos, cuando deberían ser para protegerlos. Recordamos al Gobierno que desahuciar sin realojar, incumple la misma Ley 24/2015.

¡Basta de desahuciar! ¡Un desahucio, una multa! ¡Alquileres sociales ya!