Mientras el gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de cumplir los compromisos firmados, cada día son desahuciadas 43 familias en Cataluña

Ayer miércoles 1 de agosto, se celebró la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat: hubiera sido prioritario que se acordara la retirada inmediata del recurso a la Ley 24/2015. Por lo tanto, nuestra valoración es agridulce: ayer era urgente y posible recuperar la herramienta más eficaz que ha tenido Cataluña y todo el Estado para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional. Hoy podríamos estar hablando y celebrando que gran parte de los 43 desahucios de hipoteca y de alquiler que se producen cada día en Cataluña pronto quedarían parados. A la vez podríamos respirar aliviadas porque, en pocos meses, las listas de espera de más de un año de las mesas de emergencia, quedarían a cero. Y nunca más deberíamos sufrir por que se repitieran hechos trágicos como los de Cornellà o Reus, porque es posible evitarlo. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura, demostrando el mismo talante que el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se había comprometido por escrito a “retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo”. No obstante, ayer cuestionó la constitucionalidad de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, o lo que es lo mismo: giró la espalda a miles de familias negándoles su derecho a una vivienda digna, para ponerse del lado de la banca y sus intereses.

El pasado día 29 de julio, se cumplían tres años desde que se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida popularmente como “Ley contra los desahucios y los cortes”. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015 y surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la “ILP Vivienda”, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC). Durante su tramitación recibió un apoyo social extraordinario, con casi 150.000 firmas de apoyo individuales, así como la adhesión de más de medio millar de entidades sociales de todo tipo, como sindicatos, movimiento vecinal, tercer sector social y muchas otras entidades cívicas de una diversidad importantísima. Este enorme consenso político y social solo se entiende teniendo en cuenta el objetivo que buscaba: acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña.

Nuestra Ley fue la primera en todo el Estado que puso sobre la mesa medidas de urgencia en el ámbito de la vivienda, después de las consecuencias desastrosas de la crisis de 2008. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca había intentado ya cambiar en el Congreso, con otra Iniciativa Legislativa Popular, las leyes que permitían desahuciar a centenares de miles de familias, quedándose además con deudas impagables de por vida que las condenaban a la exclusión social y financiera permamente. A través de cinco sencillas medidas, pensadas por las entidades sociales: la pesadilla del sobreendeudamiento, los desahucios, la falta de vivienda de emergencia y los cortes de agua, luz y gas que afectaran a la población en situación de vulnerabilidad residencial, pasaban a ser historia..

Cataluña fue el primer lugar donde las entidades sociales y la sociedad civil organizada, consiguió agrietar el muro que habían construido el Partido Popular y la banca contra cualquier tipo de cambio legislativo que acabara con las leyes criminales e injustas, para tener otros que protegieran el derecho a la vivienda digna. Otros territorios siguieron la estela de la llamada norma, hecho que hizo nacer nuevas leyes.

Desgraciadamente el gobierno del PP decidió, una vez más, defender los intereses de las entidades financieras y los grandes tenedores de vivienda y en mayo de 2016, interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra, gesto que repitió con el resto de leyes del Estado. La reacción de la sociedad civil en la calle fue una defensa enconada de nuestra “Ley contra los desahucios y los cortes”: se convocaron antes y después de la impugnación numerosas protestas ante las sedes del PP en Cataluña y en todo el Estado, estuvimos en el Parlamento y en el Congreso, obteniendo el apoyo de todos los partidos excepto el PP, y también recibimos el apoyo de los Ayuntamientos catalanes. Una cumbre social convocada por el Presidente de la Generalitat, desembocó en una nueva ley, también suspendida.

Finalmente, tan solo pudimos salvar la parte de pobreza energética; las medidas de vivienda fueron afectadas por la impugnación y suspensión inmediata de todos los artículos que afectaban a las entidades financieras. La parte de vivienda de la Ley 24/2015 demostró, durante los 9 meses que estuvo en vigor, su potencia parando más de 10.000 desahucios hasta que fue suspendida. Si no hubiera sido así, desde entonces hasta hoy, se hubieran podido parar unos 35.000 desahucios. Las medidas contra la pobreza energética, que no fueron impugnadas, han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular, por lo cual es imprescindible recuperarla. Por todo esto, y ante la ventana de oportunidades que se abrió con la salida del PP del gobierno del Estado, nos dirigimos a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra a través de dos cartas públicas, pidiendo al primero que retire el recurso inmediatamente y al segundo, que ponga en la agenda de los encuentros Generalitat-Estado esta prioridad. Nos hemos reunido con todos los grupos políticos, menos con el PP, en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados de Madrid, con miembros del gobierno. Hemos trabajado para que todos los actores que ayer estaban en la Mesa de negociaciones de la Comisión Bilateral tuvieran muy clara la urgencia del levantamiento de esta suspensión.

Aun así, no perderemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando hasta recuperar esta ley. Es positivo que se estudie la retirada de los recursos, pero no tenemos tiempo para perder entre reuniones y comisiones. Exigimos públicamente desde hoy mismo, ser interlocutoras en las negociaciones entre ambos gobiernos cuando se hable de las leyes de vivienda que hay que recuperar. Las familias no pueden esperar reuniones y comisiones que se eternicen ante un problema tan grave como los desahucios. El PSOE tiene que dar un paso en firme y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y como se comprometió. Recordemos que el expresidente Rodríguez Zapatero, cuando llegó al gobierno, retiró 21 recursos interpuestos, muchos de ellos de leyes sociales como la nuestra.

¡En septiembre seguiremos luchando en la calle una ley justa para proteger nuestro derecho a la vivienda digna!

Recuperemos la 24/2015: ¡Se puede!