Destacan que el convenio es una buena herramienta para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad energética y, por ello, apremian al Gobierno para que despliegue con rapidez las medidas que están recogidas en el acuerdo
Hoy se cumplen dos años de la firma del convenio que regula la pobreza energética en Catalunya, firmado entre la Generalitat y Endesa. Coincidiendo con esta fecha, la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya y la Alianza contra la Pobreza Energética valoramos las potencialidades del convenio que ha permitido la condonación de la deuda a 41.000 hogares en situación de vulnerabilidad energética.
Para el período 2015-2020, se condonó la deuda a 35.518 hogares catalanes por una cantidad total de 38.793.524 euros. De éstos, Endesa, gracias al marco de la Ley 24/2015 y la presión de las entidades y Administración para resolver el problema de la deuda de las familias, hizo frente a 28.495.403 euros, lo que equivale al 73% del total. En la última condonación, correspondiente al año 2021, las familias beneficiadas llegaron a 41.000, por una cantidad total de 17.948.516 euros, que se repartió a partes iguales entre la compañía y las administraciones catalanas. La suma de ambas condonaciones resulta en 56.742.041 euros, de los que Endesa ha asumido 37.469.661 (un 66%).
A pesar de estos datos, las entidades también pedimos que se pulse el acelerador porque todavía hay mecanismos de protección a las familias, recogidos en el acuerdo, que no se han desplegado. “Este año llegaremos a la mitad del convenio y hay asignaturas pendientes que deben resolverse con celeridad porque sólo faltan dos años para que el acuerdo caduque. Es necesario avanzar con rapidez y consolidar estos mecanismos estables porque el tiempo no se detiene”.
La Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa del Tercer Sector Social instan a apresurar el cumplimiento de estos compromisos:
- Deuda generada por las familias durante el 2022. El objetivo del convenio es que ninguna persona en situación de vulnerabilidad energética acumule deuda por no poder hacer frente a las facturas de suministro energético. Se ha condonado la deuda de 2021 a 41.000 familias, pero falta resolver la del año pasado, que no se sabe a cuánto asciende, y tampoco se tiene claro cómo se asumirá la de este año 2023.
- Fondo de atención solidaria. Es el mecanismo para cubrir los actuales y futuros impagos, evitando que las familias vulnerabilizadas generen deuda. El fondo debe ser financiado, como mínimo, en un 50% por Endesa y, como máximo, en un 50% por las administraciones públicas. El Govern está trabajando en una propuesta que todavía no se ha presentado y actualmente la deuda pendiente de condonación depende de medidas excepcionales y de la disponibilidad de presupuesto de las administraciones públicas.
- Contadores sociales. La instalación en hogares vulnerabilizados en situación de ocupación en precario no se ha aplicado de forma generalizada, pese a que es una medida indispensable para garantizar la dignidad y seguridad de las familias afectadas y desincentivar las conexiones irregulares y los riesgos asociados. Sólo se han instalado 44 en casi dos años, según las últimas informaciones de la compañía, porque no se disponen de datos oficiales que permitan realizar un seguimiento de su implementación. Además, Endesa exige un informe extraordinario que no está dentro del convenio y el Departamento de Derechos Sociales no sólo lo ha aceptado sino que reclama que sean los servicios sociales municipales quienes asuman su responsabilidad.
- Ampliación del convenio al resto de empresas energéticas. El convenio sólo se ha firmado con Endesa, que tiene el grueso más importante de clientes en Catalunya, pero hay que extender los contenidos del acuerdo a las otras dos compañías con mayor presencia (Naturgy e Iberdrola) para llegar, como mínimo, al 85% de los hogares catalanes. Hasta ahora, no se ha hecho público ningún avance y no ha tenido lugar ningún encuentro oficial con ambas compañías.
A las entidades y movimientos sociales nos preocupa este contexto social y económico incierto en el que se constata un empobrecimiento de los hogares catalanes. Tememos que la deuda acumulada por las familias durante 2022 sea bastante superior en comparación con la de 2021, sobre todo por los efectos de la inflación y de los precios de la energía.
Por ello, insistimos en que no se puede perder tiempo y que es necesario desplegar el convenio en su totalidad. “Debemos estar preparadas para que, cuando caigan las medidas temporales (como la reducción del IVA de la electricidad, que ha pasado del 21% al 5%; la ampliación de los porcentajes del bono social y el fraccionamiento y ampliación de los plazos para pagar las facturas, por ejemplo), los hogares que tienen mayores dificultades para cubrir necesidades básicas estén protegidas con los mecanismos del convenio, que sí son permanentes y dan seguridad a las familias”.
Asimismo, la Mesa y la APE también pedimos una mayor transparencia en la publicación de los datos sobre la aplicación del convenio y que se convoque, lo antes posible, la Mesa de Pobreza Energética, el espacio de coordinación e interlocución estable entre las administraciones públicas, las entidades municipalistas y los agentes sociales, que se reunió por última vez a finales de noviembre de 2022. Este espacio debería servir para abordar estas cuestiones y compartir los avances realizados en los últimos meses. En este sentido, las entidades se ponen a disposición del Gobierno para dar apoyo a la implementación del convenio.