Un año después del acuerdo firmado entre la Generalitat de Catalunya y Endesa, todavía existen compromisos recogidos en el convenio que no se han cumplido
Las entidades y los movimientos sociales defienden que es urgente resolver la deuda acumulada durante el 2021, crear el fondo de atención solidaria, generalizar la instalación de los contadores sociales y ampliar el convenio con el resto de empresas energéticas
Ponen en valor las potencialidades del convenio y el avance que ha supuesto a la hora de quitar presión y angustia a las familias en situación de vulnerabilidad energética
La Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Catalunya han hecho balance del primer año de funcionamiento del convenio que regula la pobreza energética, firmado por la Generalitat de Catalunya y Endesa.
Ambas entidades reclaman que se aproveche al máximo el potencial que ofrece este convenio que establece mecanismos importantes para dar respuesta a las situaciones de pobreza energética. Este fenómeno se ha agravado en los últimos meses por los efectos de la crisis social derivada de la COVID-19 y ahora también por el aumento disparado de los precios de la energía, un contexto que cada vez empobrece energéticamente más a los hogares catalanes en situación de vulnerabilidad.
La Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa del Tercer Sector instan a las administraciones a acelerar el cumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo que todavía no se han resuelto:
- Resolver la deuda acumulada por las familias durante el 2021. El acuerdo recogía cómo se asumía la deuda acumulada entre el 2015 y el 2020, sin embargo, no se ha avanzado en la resolución de los impagos a partir del 1 de enero de 2021, justo en plena emergencia social. Esto ha vuelto a generar mucha incertidumbre y presión a las familias que no pueden afrontar el pago de las facturas energéticas.
- Crear el Fondo de atención solidaria. En el convenio, la Generalitat se compromete a desarrollar este fondo, financiado, como mínimo, en un 50% por las compañías suministradoras y, como máximo, en un 50% por la Generalitat. Un año después, todavía no se ha puesto en marcha y este hecho impide que en Catalunya dispongamos de un mecanismo estable para prevenir y hacer frente a los impagos de familias en situación de vulnerabilidad.
- Generalizar los contadores sociales. El acuerdo especifica que Endesa se compromete a garantizar el acceso al suministro básico de electricidad a través de la instalación de un contador social a familias en situación de vulnerabilidad que se encuentren en situación de ocupación en precario, dispongan del certificado de empadronamiento vigente y de un informe de los servicios sociales municipales. Actualmente, en Catalunya solo se han instalado una quincena, lo que evidencia que la medida, que pretende evitar que estas familias tengan que elegir entre vivir a oscuras o conectarse irregularmente a la red, no se ha desplegado como debería. Es necesario un liderazgo claro por parte de la Generalitat para que los Servicios Sociales municipales tengan claro el procedimiento y se eviten bloqueos administrativos. Por otra parte, es necesario que Endesa deje de cortar conexiones irregulares sin informar antes de sus derechos a las familias afectadas.
- Ampliar el convenio con el resto de empresas energéticas. El acuerdo firmado solo es con Endesa y todavía falta conseguir el compromiso de las demás compañías suministradoras como Naturgy e Iberdrola que, pese a tener menos abonados que Endesa, también operan en Catalunya.
La Mesa y la APE defienden que el convenio que regula la pobreza energética es una buena herramienta y valoran el avance que ha comportado a la hora de quitar presión y angustia a las familias en situación de vulnerabilidad energética. Por ello, insisten al Gobierno y al resto de administraciones implicadas en que hay que apretar el acelerador para avanzar en estas cuestiones pendientes, que son clave para que el convenio funcione al 100%. Asimismo, celebran la coordinación y la interlocución estable conseguida entre las administraciones públicas, las entidades municipalistas y los agentes sociales a través de la Mesa de Pobreza Energética.