Precintamos las oficinas de atención al cliente de Endesa por la vulneración de los derechos humanos y de la ley 24/2015
Siete meses después de la aprobación de la ley 24/2015, Endesa y Gas Natural entre otras, continuan produciendo cortes de suministros sin aplicar el principio de precaución, es decir, sin consultar previamente, si se trata o no de una familia en riesgo de exclusión residencial antes de realizar ningún corte. Por este motivo, hoy hemos precintado la sede de atención al cliente de Endesa por vulnerar los derechos humanos y por incumplimiento sistemático de la ley 24/2015. Es indigno que estas compañías continúen saltándose la ley con total impunidad y no haya ninguna respuesta de la administración.
Exigimos a la Generalitat, que hagan uso de los mecanismos que le dota la ley y sancione a las empresas suministradoras por todos los cortes que se están produciendo en Cataluña incumpliendo el principio de precaución que contiene la Ley 24/2015.
La Generalitat no tiene solo la obligación y el deber de sancionar el incumplimiento a esta ley sino que también, la obligación de despliegue de forma integral. Garantizar el acceso a los suministros básicos implica la firma de convenios entre la Generalitat y las compañías con tal de que éstas se hagan cargo de las deudas pendientes. Desde que entró en vigor la ley, la Generalitat, no hizo ningún paso para tirar adelante estos convenios, todo y que hace un mes que tiene sobre la mesa una propuesta de convenio que la comisión promotora de la ILP le hizo llegar y sobre la cual no hemos recibido respuesta todavía a día de hoy. La propuesta de convenio que planteamos a la Generalitat recoge obligaciones por la empresa distribuidora:
– Aplicar el principio de precaución, es decir, no producir ningún corte sin haber consultado previamente al ayuntamiento si se trata de una persona en riesgo de exclusión residencial.
– Condonar la deuda derivada de la imposibilidad en afrontar el pago de los suministros básicos a las familias en riesgo de exclusión residencial, así como los costes de alta del servicio y cualquier tipo de certificado energético que requiera la compañía.
– Garantizar a les familias en riesgo de exclusión residencial el coste mínimo del servicio: revisar los contratos, quitar los costes innecesarios y aplicar las tarifas más bajas.
– Aplicar un descuento significativo en la factura del suministro, rebajando su precio fijo hasta que el coste sea asumible por la persona o unidad familiar. Teniendo en cuenta el límite 10 % de los ingresos de la unidad familiar.
– Regularizar poniendo el contador a las personas en riesgo de exclusión residencial que vivan en viviendas sin titularidad.
– Informar en las cartas de aviso por impago y de los cortes de los derechos contenidos en la Ley 24/2015.
La propuesta de convenio recoge también obligaciones para la Generalitat en la línea de velar por el cumplimiento integral de la Ley 24/2015 y prestar la asistencia necesaria a los ayuntamientos con tal que puedan aplicarla de manera integral.
La Ley 24/2015 es una ley de emergencia, es inadmisible que 7 meses después la Generalitat no haya firmado los convenios para que la norma tenga los efectos que persigue. ¿Cuántos inviernos más necesitamos para hacerlo? ¿Detrás de este retraso hay la conveniencia o es que realmente no es una prioridad de este gobierno aplicar las leyes vigentes que nos protegen? La inacción de la Generalitat en este sentido, hace que las suministradoras continúen con la lógica de que solo no cortarán los suministros si la administración pública asume el coste. Es necesario que la Generalitat coja la responsabilidad que tiene como garante de los derechos básicos y plante cara a las compañías distribuidoras de la luz y el gas. No solo lo pedimos las afectadas por los cortes, sino también la mayoría de Ayuntamientos de Cataluña, tal y como han expresado en las entidades supramunicipales y las asociaciones de municipios.
Exigimos a la Generalitat que se siente con las grandes compañías y que al término de un mes tenga firmados los convenios con las empresas distribuidoras. I no cualquier convenio, este que hoy se hace público. De la misma manera que, delante la pasividad de las administraciones, fue la ciudadanía quien consiguió hacer realidad una norma para parar la emergencia habitacional; de nuevo nos avanzamos y hacemos propuestas sensatas y eficaces.
Si no es a las buenas, será a las malas. No nos podemos permitir que, con la Ley 24/2015, la Generalitat no sea lo suficientemente valiente como para hacerla cumplir. Si Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola y las empresas del oligopolio energético se niegan a firmar este convenio, exigimos a la Generalitat que hagan pública la negativa de las compañías, y que utilicen todas las herramientas a su alcance para presionarles. Nosotros ya se les hemos propuesto algunas como: la creación de un impuesto por impacto paisagístico de las líneas de distribución de estas empresas como medida de presión.
Hoy precintamos Endesa por vulneración de los derechos esenciales. Pero mañana podemos precintar Gas Natural-Fenosa, Iberdrola o incluso la misma Generalitat por el mismo motivo si no reaccionan.
¡Nuestros derechos no se negocian!