El protocolo prevé que los Mossos decidan si actúan con antidisturbios dependiendo «del riesgo».
Estos días atrás, en medio del ruido criminalizador “anti-ocupa o pro-desahucios”y la proximidad de las elecciones de fondo, la Conselleria de Interior ha presentado el nuevo protocolo de los Mossos para marcar su actuación en los desahucios. El protocolo, que fue una condición del acuerdo de investidura del nuevo Govern, llega tarde y mal. Y un día después de ser presentado, ya se ha demostrado que está muy lejos de ser una herramienta que limite los abusos de fuerza y las actuaciones irracionales de los Mossos d’Esquadra ante una violación de derechos humanos como son los desahucios, además de un intento de la Conselleria de Interior de desresponsabilizarse de las políticas de protección del derecho a la vivienda digna, que también le atañen, como parte del Gobierno de la Generalitat..
Debemos valorar y situar el nuevo protocolo en su contexto: con Catalunya siendo el territorio líder en desahucios (30% de los lanzamientos practicados todo el Estado), y en el marco de un ataque abierto y constante, por parte de la “coalición pro-bancos-buitres y anti-ocupas” (formada por VOX-PP, JuntsXCat y con el apoyo reciente de PSC-PSOE) a las personas vulnerables que ven su acceso al derecho a la vivienda una utopía cada día más lejana y no se les deja otra alternativa que entrar a vivir en pisos vacíos que las entidades financieras han dejado en desuso después de desahuciar a otras familias antes, para mal venderlo luego a fondos de inversión o a grandes propietarios.
En este contexto, de crisis habitacional grave y “demagogia política aporofóbica” en defensa del negocio de los grandes propietarios y los beneficios de las empresas de seguridad y “alarmas”, de entrada, este nuevo protocolo no modifica lo que desde las PAH catalanas y los movimientos por la vivienda llevamos mucho tiempo denunciando: la actuación sinsentido y mala praxis de aquellos que deberían velar por nosotras como ciudadanas. En lugar de protección, nos encontramos con arbitrariedad, abusos de autoridad, violencia física e incluso detenciones de activistas, como la semana pasada en Sabadell, en una acción stop desahucios de desobediencia civil pacífica (como lo son todas), ya con el nuevo protocolo en marcha.
Sobre el papel, el gran cambio pasa por que deja bien claro por escrito, lo que en la práctica ya pasaba. Lo ordene explícitamente un juez o no, las fuerzas del ‘’orden’’ pueden intervenir siempre que el jefe del dispositivo, o mandos superiores del cuerpo, valoren que existen «riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes», «acciones que puedan comprometer el orden público» o «acciones que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial». En resumen: siempre que haya una convocatoria del movimiento por el derecho a la vivienda, allí estarán Brimo y ARRO para desactivar la defensa de los derechos fundamentales y facilitar que los grandes especuladores nos echen a la calle y sigan haciendo el agosto.
Además, nos produce una gran indignación que el Consejero de Interior afirmara en la rueda de prensa de su presentación que «el cuerpo de los Mossos d’Esquadra no desahucia, quién desahucia una persona vulnerable de su vivienda es una sociedad injusta». Que el máximo responsable de la Policía y miembro del Gobierno catalán afirme eso, cuando la Generalitat es una de las máximas responsable en políticas de vivienda y está “fallando” en cada desahucio sin un realojo digno que ejecutan los Mossos, es sencillamente inadmisible.
Después de analizar leer el nuevo protocolo, reivindicamos:
- Antes de realizar un desalojo se debería informar a Servicios Sociales pero no quedarse sólo en este paso, que ahora se “protocoliza” pero que en la realidad no funcionará porque no hay pisos de emergencia; sinó hasta y para garantizar un realojo digno y adecuado a la familia.
- Suspensión de las actuaciones en los desahucios hasta que los grandes propietarios ofrezcan el alquiler social obligatorio. En casos de pequeños propietarios, es la administración la que debe garantizar el realojo antes del desahucio. Aunque algunos jueces tachen la Ley 24/2015 de administrativa, existen sentencias que dicen lo contrario. Aun así la Generalitat como responsable y administración pública -incluyendo los Mossos- debería de cumplirla a rajatabla.
- La presencia del movimiento social de vecinos o de personas solidarias pro derecho a la vivienda no debería de ser una causa para que venga la BRIMO para facilitar que la familia sea desahuciada. En todo caso su papel, en caso de que un juez ordene su presencia, debe ser levantar el acta pertinente sin entrar en la vivienda, controlar a la comitiva para su informe y trasladar a la Administración que se cuide del realojo cuando lo tengan.
- En ningún caso es necesario que se presente directamente la BRIMO a los desalojos como están haciendo todavía, ya que el movimiento de vivienda siempre actúa en situaciones donde hay riesgo, no para la comitiva judicial, sinó para personas o familias que son vulnerables. Nace con baja credibilidad un supuesto “protocolo social” que estando ya en vigor, no se respeta.
- Activar inmediatamente un “Plan de Choque” para poner la mesa de emergencia de Catalunya y las municipales a cero a través del aumento urgente del parque de vivienda social. Es responsabilidad de la Generalitat realojar, no desalojar, a las 1.600 personas con resolución favorable de la mesa a nivel catalán, además de las que se enfrenten a nuevos desahucios y estén en exclusión residencial.
Si la labor de los Mossos es hacer cumplir la ley, ante un desahucio quien la incumple es la propiedad o la administración, en ningún caso el derecho a protesta de las personas solidarias con quienes menos tienen y han sido abandonadas por la administración. Por qué la Consejería argumenta que no se pueden incumplir las leyes y mandatos judiciales pero ejecuta desahucios de grandes tenedores que incumplen de forma flagrante la ley antidesahucios catalana? La ley catalana 24/2015 es clara y está dotada de mecanismos para evitar cualquier desahucio. ¡Cúmplanla y háganla cumplir!
Aunque nos alarma el reconocimiento de la inexistencia de actuaciones policiales de desahucio no protocolizadas, que explica el desbarajuste de las actuaciones policiales precedentes, y aspiramos a acabar definitivamente con los desahucios; exigimos que la Consellería de Interior dé un paso real para dejar de considerarlos como una “frívola” cuestión de orden público o ejecución judicial, integrando de forma valiente la visión y actuación social en el centro. Somos conscientes que puede haber resistencias, pero es una demanda de mínimos que lo que la sociedad reclama.
Para nosotras, las personas son lo primero. Porque no escogemos dejar de pagar, no escogemos vivir en precario (ocupar). La situación es muy difícil para todas las personas que por una razón u otra vivimos en el umbral de la pobreza. No somos culpables, somos víctimas de un capitalismo depredador y salvaje, así como de los poderes públicos que no garantizan ni los derechos fundamentales.
Los últimos años, con una nueva recesión debido a la pandemia y a la guerra, hemos visto como la vivienda sigue subiendo de precio mientras se consuman retrocesos en políticas sociales. Necesitamos más leyes, políticas, viviendas sociales y presupuesto público para evitar que nadie se quede en la calle, no herramientas para facilitar los desahucios.
No escogimos vivir así.
Por eso desde las PAH Catalanas manifestamos nuestro rechazo a este protocolo y exigimos su corrección inmediata con criterios sociales y de derechos, en el marco de unas políticas urgentes, reales e integrales por el derecho a la vivienda.