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El gobierno español ataca el alquiler social antidesahucios en ocupaciones e insiste en criminalizar la pobreza

Denunciamos la impugnación de la medida por parte del Gobierno estatal mientras nos reunimos con la nueva responsable de vivienda de la Generalitat para que acelere la aplicación de la Ley 24/2015

El pasado miércoles 7 de diciembre el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, interpuso un recurso contra el alquiler social obligatorio en situaciones de ocupación de pisos de bancos y buitres, en concreto, el artículo 12 de la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, que añadió la disposición adicional primera apartado 1.c a la Ley 24/2015.

Aunque la Generalitat y el Estado llevan meses negociando para evitar un recurso, finalmente el Gobierno cuestiona ante el Tribunal Constitucional el alquiler social de personas y familias sin título, siguiendo el mismo camino que PP y VOX, que impugnaron toda la Ley 1/2022 antes del verano. Es un gran error comprar el discurso que culpabiliza a las familias que han tenido que ocupar una vivienda vacía de la banca/buitres para no vivir a la intemperie con sus hijos e hijas, cuando la Administración ha fallado a la hora de evitar su desahucio y realojarlas.

Es inaceptable que se debilite una medida que da una oportunidad a las familias con desahucios y que a los bancos y fondos buitre, que fueron rescatados con dinero de todas nosotras sin contraprestación social alguna. El alquiler social obligatorio en ocupaciones es una medida excepcional, que ofrecía soluciones realistas al acceso en  precario y sin título de miles de familias que hace años viven en pisos vacíos a la espera de una mesa de emergencia que no realoja, mientras el gran tenedor especula para malvenderlos.

Una semana después, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se ha reunido con los nuevos máximos responsables de las políticas de Vivienda en Catalunya del Gobierno de ERC, para dejar clara la necesidad de defender más que nunca nuestros alquileres sociales. El 15 de diciembre trasladamos a la nueva secretaria de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui, y a las nuevas responsables de la Agencia de Vivienda y la Agencia del Consumo, Silvia Grau y Albert Melià, que la Generalitat debe acelerar e intensificar la exigencia de los alquileres sociales antidesahucios, siendo valiente e implacable con los grandes tenedores que no los ofrecen.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 queremos dejar claras 3 cuestiones importantes:

  1. El alquiler social obligatorio en ocupaciones ha sido impugnado sin suspensión, por lo tanto, sigue vigente y debe aplicarse hasta que llegue una Sentencia del Tribunal Constitucional.
  2. El alquiler social en desahucios de hipoteca e impagos de alquiler, incluidos en la Ley 24/2015 original, están libres de cualquier recurso y es necesario firmar miles de ellos, porque  la presión social los salvó en 2018 consiguiendo que Pedro Sánchez retirara la impugnación de M.Rajoy.
  3. El alquiler social obligatorio en casos de fin de contrato de alquiler y renovación de alquileres sociales anteriores, también incluidos en la 24/2015 a través de la ley 1/2022, se han salvado del recurso, gracias a la presión social.

Queremos dejar claro que el PSOE no es de fiar, ya que ha hecho lo mismo que PP y VOX, mientras que sus socios de gobierno de coalición de Unidas Podemos no se han opuesto públicamente y, por lo tanto, son cómplices. No permitiremos que la ofensiva pro-desalojos -en la que participan partidos como el PSOE y los partidos de derechas como Junts, y que promueve una “ley Desokupa” a través de una modificación exprés de la LECrim que criminaliza a las familias vulnerables– quede impune y sin respuesta. Lo demostramos la semana pasada en un acto en Barcelona del PSC y seguiremos las movilizaciones hasta que los socialistas rectifiquen su postura. 

Exigimos a la Generalitat una nueva ofensiva para garantizar que se firmen los miles de alquileres sociales que los grandes tenedores evitan, a la espera de que un Tribunal Constitucional controlado por las posiciones más conservadoras pueda anularlos.

Hacemos un llamamiento a todas las entidades sociales y al movimiento por la vivienda para presionar con más fuerza que nunca a quien la incumple o quiere tumbarla.

¡Despedimos un 2022 de lucha donde hemos recuperado la ampliación de la ley antidesahucios y arrancado cientos de alquileres sociales, anunciando públicamente que en 2023 aumentaremos la presión a los especuladores y las instituciones para ganar todos los alquileres sociales posibles!