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DPS Consulting (los cobradores de Endesa) y su directiva imputados por posibles delitos de estafa, coacciones y usurpación de funciones públicas

Ha finalizado la instrucción del juicio contra los cobradores de Endesa y hemos formulado acusación pidiendo penas de hasta 2 años de cárcel

El engaño telefónico se realizó desde el “departamento de llamadas especiales” de DPS Consulting, bajo un guión facilitado por la directiva a las trabajadoras

El pasado 26 de noviembre de 2021 se cerró la fase de instrucción del proceso penal impulsado por la APE contra DPS Consulting (también conocida como Pares-Seixes Advocats), por el caso de acoso telefónico que sufrió Yolanda, una clienta vulnerable de Endesa, miembro de la APE, en junio del 2020 en plena pandemia. Una trabajadora del citado gabinete jurídico, dedicado a la recaudación de deudas, llamó a Yolanda haciéndose pasar por una funcionaria de la administración de justicia y amenazándola con embargarle las cuentas si, en menos de dos semanas, no pagaba la deuda contraída con Endesa. Afortunadamente, la llamada quedó grabada y desde APE decidimos interponer una querella contra DPS Consulting, con el apoyo jurídico de la cooperativa Arrels Advocats.

En diciembre de 2020, la querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona y se inició la fase de instrucción del proceso para esclarecer los hechos del caso. En esta fase fueron citadas a declarar varias personas de DPS Consulting, entre ellas Ricard Parés Flavià y Georgia De la Mata Rabassa, ambos de la directiva del gabinete, así como la trabajadora que efectuó la llamada, la cual aportó pruebas documentales muy valiosas.

A partir de estas declaraciones y otras pruebas documentales, obtenidas a instancia del abogado de Yolanda, se pusieron en evidencia algunos hechos escandalosos:

  • La llamada fue realizada desde un departamento de DPS Consulting, llamado “departamento de llamadas especiales”, el cual tiene por objetivo reclamar deudas mediante un engaño telefónico, consistente en un falso servicio de notificaciones judiciales, efectuado mediante un guión facilitado por la directiva a las trabajadoras. Este guión fue mostrado por la trabajadora en su declaración. Además, las trabajadoras están sujetas a un sistema de bonificación y penalización en función del cumplimiento de los objetivos económicos establecidos. De esta manera, queda patente que este tipo de engaño telefónico constituye una práctica deliberada del gabinete, orquestada por su directiva.
  • Además, desde este departamento, se reclamaban deudas sabiendo que se encontraban prescritas. Éste fue precisamente el caso de Yolanda. En la fase de instrucción ha quedado acreditado que 1675,88 de los 2369,43 euros que le reclamaban habían prescrito de acuerdo con los plazos previstos en el Código Civil, puesto que se correspondían a facturas de entre 2015 y 2017, sin que, desde entonces, se hubiera constatado ninguna comunicación fehaciente.
  • De acuerdo con el pacto establecido con Endesa, DPS Consulting debía obtener el 18% de las cantidades que consiguiera cobrar a Yolanda.

Culminada la fase de instrucción, el abogado de Yolanda ha presentado el escrito de acusación, ante el mismo juez de instrucción, solicitando el inicio del juicio oral, a fin de que, por un lado, se condene a DPS Consulting por un delito de estafa en grado de tentativa (248.1, 249 y 251bis CP); y por otro, se condene a Ricard Parés Flavià, Georgia De la Mata Rabassa y a la trabajadora por el mismo delito de estafa, el de coacciones (art. 172.1 CP) y el de usurpación de funciones públicas (art. 402 CP) , delitos castigados con penas de prisión de entre 1 y 2 años. Además, se pide que se obligue a los acusados a pagar a Yolanda una indemnización civil de 1000 euros por los daños morales sufridos.

El caso de Yolanda no es un caso aislado sino que forma parte de un conjunto de estrategias variadas desplegadas de forma habitual por las suministradoras de electricidad y gas. Como venimos reiterando en nuestros comunicados, desde la aprobación de la Ley 24/2015, las personas vulnerables con deuda acumulada, a pesar de estar protegidas frente a los cortes, no han dejado de sufrir el acoso de las suministradoras y los gabinetes jurídicos de recobro subcontratados, a través de cartas, llamadas, amenazas con juicios falsos o demandas de juicios monitorios. Esto ha sido así incluso en el contexto en el que la deuda había sido condonada por el convenio firmado entre la Generalitat y Endesa en marzo de 2021.

A l’espera de l’obertura del judici oral, desitjant que culmini amb una sentència favorable, insistim en el fet que ens trobem davant un judici penal de gran transcendència, més enllà del cas particular de la Yolanda. El poder judicial té l’oportunitat d’establir un precedent jurisprudencial que freni les pràctiques deliberades i sistemàtiques d’assetjament de les companyies subministradores i posi fre a la impunitat amb què acostuma a operar l’oligopoli energètic. Esperem que l’òrgan judicial competent estigui a l’altura.