Hoy alertamos sobre una inminente sentencia del recurso del PP contra el Decreto 17/2019 que amplió la Ley 24/2015. Del Gobierno del PSOE depende el fin definitivo de los desahucios y que la banca devuelva los recursos públicos destinados a su rescate.
Los efectos de una anulación serían desastrosos: en este momento 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa por estar pendientes de un alquiler social según datos del la Generalitat.
El 5 de febrero y el 4 de marzo de 2020 se convalidaban en el Parlamento de Cataluña los Decretos Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y el DL 1/2020 respectivamente. Ambas normas amplían la cobertura de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, de forma que se protegen nuevas situaciones de emergencia como los desahucios por finalización de alquileres sociales o los desahucios invisibles por el hecho de aplicar aumentos abusivos a la renta de alquiler cuando se quiere renovar un contrato, entre otros.
El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos claro que las nuevas coberturas conseguidas no habrían sido posibles sin la presión de las entidades y movimientos sociales que trabajamos por el derecho a la vivienda. En 2015 conseguimos aprobar por unanimidad la Ley en el Parlamento, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, y a partir de entonces hemos velado por su aplicación y cumplimiento. Así hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en toda Cataluña demostrando que es una ley útil e imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, hemos continuado luchando para ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad.
Hemos conseguido hacer de la Ley 24/2015 con su ampliación, una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional.
Esta lucha ha estado llena de ataques constantes por parte del “lobby” de la banca y los fondos buitre con sus tentáculos al PP e incluso en el sistema judicial. El último ataque volvió a venir del PP con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los DL 17/2019 y DL 1/2020, alegando que estas normas son un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos. Fue admitido a trámite el 14 de julio.
El ataque del PP vuelve a demostrar el nulo compromiso del partido con la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerables y pone de manifiesto su férrea defensa de los intereses de bancos y fondos buitres, que son responsables de la actual situación. Además, de nuevo genera un discurso de odio hacia las familias que se han visto forzadas a ocupar en precario una vivienda y pone una diana para que se las siga estigmatizando.
Sorprendentemente si miramos los tempos del TC, que suele tardar unos 2 años a debatir y emitir sentencias, este recurso se incluyó al orden del día del Plenario del Tribunal constitucional de 15 de diciembre de 2020 y se prevé que se pueda emitir sentencia este mes de enero.
Paralelamente, el gobierno central del PSOE convocó la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para debatir y negociar algunas discrepancias en relación a los dos decretos leyes. El Grupo Promotor hicimos llegar nuestro posicionamiento y propuestas a la Generalitat para seguir incidiendo en la constitucionalidad y la aplicación total de la Ley. La Generalitat trasladó un propuesta de acuerdo concreta al Estado el día 18 de diciembre del año pasado y no se ha avanzado más.
El Grupo Promotor estamos convencidos de la constitucionalidad de la Ley original y los decretos leyes que lo amplían, pues hacen efectivo el artículo 47 de la Constitución tan vulnerado sistemáticamente y desamparado por la propia Administración pública a todos los niveles. La ciudadanía se ha tenido que organizar para autotutelar sus derechos. Hoy somos aquí con el Sindicato de Inquilinas, Congrés de Habitatge, la Taula del Tercer Sector, el Colegio de trabajadoras sociales de Cataluña, la AMC (Asociación Catalana de Municipios), la FCM (Federación Catalana de Municipios), la Marea Blanca, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya y la Comisión de Defensa de la ICAB, Bombers Indignats y representantes de los Grupos Parlamentarios Junts x Cat, ERC, En comú Podem y la CUP para mostrar todo el apoyo a las políticas garantistas del derecho a la vivienda y manifestar la necesidad que la Ley 24/2015 ampliada no sea recortada y ninguneada.
No obstante, somos conscientes que, desgraciadamente y demasiado a menudo, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder económico ejercido por la banca y fondos buitres y han obviado su deber de protección de las personas, los derechos humanos y la justicia social. Por eso desconfiamos de una posible sentencia, propuesta además por un juez poniendo conservador, y exigimos en el gobierno del PSOE que establezca urgentemente un acuerdo con la Generalitat que blinde definitivamente la Ley 24/2015 ante la posible sentencia y otros ataques, de forma que no sea recorte en ninguno de los derechos que protege.
En plena pandemia y estado de alarma por la Covid-19 que han hecho más que evidente la importancia de la vivienda y de “quedarse en casa”, no permitiremos este nuevo ataque descarado en la población cada vez más depauperada y desprotegida. Cómo nos podemos quedar en casa si nos desahucian o no tenemos una vivienda digna y adecuada?
El rescate bancario de 100.000 millones de euros sin ninguna contrapartida social, mientras la ciudadanía sufría desahucios, constantes recortadas en la educación y la sanidad pública ha sido el tono permanente de la política y gestión de los gobiernos del PP, que siempre ha gobernado por los responsables de la burbuja inmobiliaria. Un partido criminal, que mientras tiene abiertos incontables casos de corrupción, es corresponsable de más de medio millón de familias desahuciadas de sus hogares sin ofrecer ninguna alternativa.
Esperamos que el PSOE se desmarque totalmente de este modo de hacer y esté a la altura de lo que se espera de un gobierno progresista: que garantice los derechos básicos de las personas, proteja el bien común y público, y ponga freno definitivamente a los desahucios y a las prácticas especulativas.
Los efectos de una anulación serían desastrosos: según datos de la Generalitat en menos de un año, la Ley ha obligado a los grandes tenedores a hacer 2.200 ofertas de alquiler social para evitar desahucios y, sin contar los casos de Barcelona, en este momento 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa por estar pendientes de un alquiler social (1.399 desahucio de alquiler, 1.324 de ocupaciones y 566 de hipoteca).
Igualmente, si la sentencia fuera negativa, advertimos desde el día de hoy que exigiremos con fuerza tanto al nuevo Gobierno de Cataluña como al del Estado que tomen medidas por no dejar desprotegidas a las familias amenazadas por desahucios.
No pararemos hasta que los derechos que recoge la Ley 24/2015 se legislen y se cumplan en todo el Estado, un objetivo por el cual nacimos y que todas las PAH están exigiendo en sus Parlamentos, en el Gobierno estatal y en el Congreso de los Diputados.
¡Volveremos a las calles y denunciaremos los culpables de quienes pisan el derecho a la vivienda todas las veces que haga falta!