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[Comunicado] Ampliamos la protección de la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional

Gracias a la presión de las entidades sociales, hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015

Barcelona, 23 de diciembre de 2019

Hoy, lunes 23 de diciembre, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética estamos en la plaza Sant Jaume de Barcelona, a las puertas del Palau de la Generalitat, para celebrar que hemos conseguido nuevos avances en la Ley 24/2015. Gracias a la presión de las entidades sociales hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Igual que ocurrió con la ILP Vivienda, cuando las afectadas perciben que las leyes responden a las necesidades sociales. Los avances son:

  • Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir del 2015, que caducan ahora o que finalicen en el futuro.
  • Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
  • Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
  • Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años mínimo de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
  • Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de banco y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado retiró el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiera objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas, y por tanto protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Si no hubiera sido por la acción del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, no habríamos conseguido ni de lejos todas estas mejoras. A pesar de todo el esfuerzo, hay medidas que no se han incluido o algunas en las que exigíamos ir más lejos, como son: proteger a las personas que al día siguiente de la entrada en vigor del decreto ley, y que, en el futuro, tengan que acceder a la vivienda de forma precaria ocupando porque no son realojadas por las administraciones, incumpliendo la propia ley; bajar la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga en propiedad 10 viviendas; aumentar de 90.000 a 900.000 € las sanciones por incumplimiento de la obligación de hacer ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores; la renovación de los alquileres sociales hasta que salgamos de la situación de emergencia, y que la obligación de hacer alquiler social en desahucios por extinción de contrato sea permanente y no temporal

La Generalitat no ha aceptado todas las medidas del Grupo Promotor, no obstante las seguiremos exigiendo, tanto en la tramitación del decreto ley como proyecto de ley ‒si esto sucede‒, como denunciando cada vez que, por omisión del Gobierno, queden personas desprotegidas y en la calle. De nuevo han sido las entidades sociales las que no han bajado la guardia, no solo para exigir la aplicación plena de la Ley 24/2015, sino para ampliarla y proteger cada vez a más personas.

En 2015 la fuerza de las entidades sociales conseguimos que el Parlament aprobara la primera ley contra los desahucios y los cortes indiscriminados de suministros de todo el Estado. Una ley pionera y valiente, inspirada en la solidaridad vecinal y ciudadana, para proteger los derechos, que el PP, bajo el dictado de la banca y las eléctricas, impugnó para enterrarla. La lucha de la gente, no solo salvó la parte de pobreza energética del recurso en 2016, sino que, contra todo pronóstico, a finales del 2018 conseguimos que el nuevo Gobierno del PSOE retirara el recurso sobre las medidas más importantes en materia de vivienda. Tras este hito, el Grupo Promotor ha exigido que se diera un nuevo impulso para el cumplimiento íntegro de la ley, tanto en la parte de vivienda como en la de pobreza energética.

En medio de todo este contexto, el Gobierno catalán realizó un primer intento de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en el mes de marzo de este mismo año, haciéndolo, sin embargo, de espaldas a la ciudadanía y con un contenido inaceptable (subida de precios de la VPO y medidas de emergencia mal planteadas y poco ambiciosas). Ante la reacción de denuncia de las entidades sociales y del mundo municipal, el Gobierno se vio forzado a retirar el texto para evitar que fuese tumbado en el Parlamento.

En marzo advertimos que no saldría adelante ningún decreto ley que no recogiera la voz, necesidades y soluciones de quienes sufrimos vulneraciones del derecho a la vivienda cada día y luchamos para revertir la situación. Antes y después del verano nos hemos reunido con el Gobierno para plantear 8 medidas de ampliación de la Ley 24/2015 a través del decreto ley. Hasta el mes de diciembre, el Gobierno ha sido reacio a incluir nuestras demandas. Durante este mes, también hemos trasladado nuestras demandas a los grupos parlamentarios que rechazaron el texto original, para conseguir mejoras en el nuevo intento de aprobarlo.

Estamos muy orgullosas y satisfechas de haber conseguido una nueva victoria importantísima en la protección del derecho a la vivienda. Empezaremos el 2020 con miles de catalanas más protegidas contra los desahucios. Desde hoy damos un aviso a los partidos que formen el nuevo Gobierno del Estado, o a los grupos que pueden impugnar las nuevas medidas: que al igual que hicimos con la 24/2015, ¡no lo vamos a permitir!

Pero también advertimos que no vamos a parar hasta acabar con la emergencia habitacional en Cataluña. Ya tenemos los convenios para que Endesa firme de una vez por todas para enjugar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Seguiremos exigiendo multas de 90.000 euros a todos los grandes tenedores que se salten la obligación de hacer contratos de alquiler social para frenar los desahucios, y seguiremos exigiendo a la Generalitat que cumpla los compromisos adoptados por el President Torra de lanzar una campaña de difusión masiva de los derechos que la ley brinda a la ciudadanía.

Y marcamos un objetivo a corto plazo: hay que poner la Mesa de emergencia a cero, realojando a las 2.500 familias sin derecho a vivienda que hay en Cataluña. Para ello es imprescindible lanzar un Plan de choque contra la emergencia asumido por la Generalitat y los ayuntamientos, junto con la fuerza de las entidades sociales, que ponga a cero la Mesa, que garantice el fin de los desahucios futuros, y que movilice miles de viviendas de la banca y los grandes fondos de inversión para vivienda social.

Desde el Grupo Promotor de la ILP Vivienda estaremos vigilantes para su correcto cumplimiento. Hemos dado un gran paso para garantizar nuestro derecho a la vivienda, y todo aquel que intente vulnerarlo nos encontrará de frente.23

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