Ambos partidos se alían para impulsar una reforma legal en Catalunya que puede perjudicar a las familias vulnerables que ocupan viviendas de grandes tenedores
Vincular la ocupación con la delincuencia criminaliza a las personas vulnerables desahuciadas y abandonadas por las instituciones
25 de enero de 2023
Hoy el Parlamento de Catalunya votará a favor o en contra de la tramitación por lectura única de dos proposiciones de ley impulsadas por Junts y Ciutadans en torno a las ocupaciones, que según la prensa pueden ser fusionadas en una sola.
La propuesta de Ciutadans pretende modificar el Código Civil catalán para habilitar una vía específica para que las comunidades de propietarios puedan iniciar acciones judiciales de cese en todas las supuestas ocupaciones que afecten a la seguridad o la convivencia, sin diferenciar entre quién sea el propietario. La proposición de ley de Junts, que solo afectaría a pisos de grandes tenedores, va más allá, incluyendo en el Código Civil una vía especial con la que una comunidad de propietarios podría acabar demandando en los juzgados ocupaciones que “alteren gravemente la convivencia, el orden público o pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble” para conseguir el desalojo. También pretenden modificar la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda para que pueda hacerlo la Administración.
Si bien su objetivo “oficial” sería actuar en ocupaciones de viviendas con supuesta alteración de la convivencia vecinal, aprobarlo puede afectar gravemente a los derechos de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar porque no tienen alternativa, después de haber sido desahuciadas, excluidas por el mercado y cuando las administraciones les han dado la espalda.
Los motivos que nos alarman y que denunciamos, son los siguientes:
- Los casos en los que se actuaría se engloban en una definición totalmente ambigua y que puede ser un “colador” donde entren familias vulnerables, ya que en ninguna parte se excluyen. Las “ocupaciones sin título que alteran la convivencia, el orden público, o ponen en peligro la integridad y seguridad del inmueble” son un concepto jurídico indeterminado, que podría afectar, por ejemplo, a quien sufre pobreza energética, le cortan la luz o el agua y no tiene otra opción que acceder a los suministros sin autorización. ¿Cuáles son los casos en los que se podrá instar desalojo? ¿Responderán a hechos comprobados o a meras percepciones? ¿Quién garantizará que no haya personas vulnerables, como menores?
- Se traslada la (ir)responsabilidad de los grandes tenedores respecto a cómo (mal)gestionan el patrimonio propio, a la Administración y a la comunidad. Quien abandona sus viviendas es la propiedad, en muchos casos para contribuir a la vez al mensaje criminalizador que vincula ocupaciones a delitos, con el único fin de especular y negándose a ceder las viviendas en desuso para alquiler social.
- Responsabilizar a las comunidades de propietarios puede promover un efecto de “control y enfrentamiento” entre vecinas, contraproducente para la convivencia y falto de garantías, terreno abonado para las arbitrariedades, fomentando una “guerra entre el último contra el penúltimo”, que no soluciona el problema, sino que agrava y abona el terreno al racismo y la aporofobia.
La ambigüedad y redactado poco consistente de la propuesta normativa presenta muchas dudas en su eficacia para combatir los delitos. Más cuando ya existen vías de actuación administrativas para casos puntuales y/o graves, donde puede declararse la inhabitabilidad u otras medidas cautelares vinculadas a investigaciones judiciales.
Poner el foco en la delincuencia, le quita del problema que rodea a la mayoría de las ocupaciones: la enorme dificultad para acceder a una vivienda digna y los miles de desahucios. No existe una relación probada entre ocupación y delincuencia; en cambio, sí existe con la pobreza y la exclusión de las familias.
Si se quiere abordar la ocupación y el acceso precario a un techo, debe garantizarse el derecho a la vivienda digna y adecuada. Es necesario aplicar la Ley 24/2015, la Ley 18/2007, regular los precios de los alquileres, vaciar las mesas de emergencia realojando en viviendas dignas y aumentando el parque público a través de un plan de choque. Exigimos alquileres sociales antidesahucios, multas por no conservar las viviendas o tenerlas en desuso, cesión o expropiación de los pisos vacíos de la banca, buitres y de la Sareb para ponerlos a disposición de quien los necesita.
Junts era hasta hace 4 meses máximo responsable de vivienda del Gobierno y la situación actual proviene de sus malas políticas. Queremos recordar, además, que Ciutadans ha votado siempre en contra del derecho a la vivienda y Junts ya presentó enmiendas que recortaban la ley de regulación de los alquileres y la ampliación de la Ley 24/2015 antidesahucios.
Exigimos a los grupos políticos el fin de discursos falsos y soluciones reales. Basta de “leyes desokupa” como la del Congreso o la catalana y cero demagogia con los más de 9.300 desahucios anuales y el 99% de las ocupaciones, que son consecuencia.
¡En los próximos días anunciaremos movilizaciones! ¡Hacemos un llamamiento a la calle para defender el derecho a la vivienda y parar la criminalización de las familias que puede comportar esta reforma legal!