La instrumentalización de la justicia por parte de empresas privadas ha logrado un hito insólito: la persecución de los poderes públicos que hacen cumplir las leyes impulsadas por la sociedad civil y refrendadas por la soberanía popular
Esta semana hemos conocido que la justicia ha citado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -así como a las concejalas Lucía Martín y Marc Serra y a la trabajadora responsable de la unidad antidesahucios- a declarar el próximo mes de marzo como investigadas por haber multado al fondo Vauras Investment, propietario del Bloc Llavors, un edificio de pisos situado en el barrio del Poble Sec que en el 2017 fue ocupado por varias familias vulnerables que fueron desahuciadas en el 2020. Las investigadas no hicieron más que aplicar lo que establece la Ley 24/2015, que se aprobó en el Parlament de Catalunya hace ahora ocho años con la intención de remediar la lacra de los desahucios y evitar que Catalunya siga encabezando las listas de lanzamientos en todo el Estado.
La ley antidesahucios catalana en aquel momento -ya que estaba en vigor el Decreto 17/2019-, obligaba a los grandes tenedores de vivienda -como Vauras Investment- a ofrecer un contrato de alquiler social a aquellas familias que acreditaran vulnerabilidad económica antes de desahuciarlas. Este era el caso del Bloc Llavors: las 7 familias ocupantes contaban con un informe de vulnerabilidad. Los desahucios no se pararon y, ante el incumplimiento de la Ley 24/2015, el Ayuntamiento hizo lo que le correspondía: notificó e impuso 5 multas -una por cada alquiler social sin ofrecer- por importe de 417.000€ a Vauras Investment, que ha respondido con una querella.
Nos preocupa el hecho insólito de que un fondo buitre tenga la capacidad de utilizar a los tribunales para incumplir leyes con impunitad y esquivar aquellas obligaciones que perjudican sus intereses. El caso de Vauras contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo claro de lawfare, es decir, del uso -y abuso- de la justicia para hacer guerra política contra aquellas decisiones -fruto de la soberanía popular, recordemos-, que de algún modo limitan los beneficios de un capital que se está enriqueciendo a costa de un derecho básico, es decir, a una vivienda digna y adecuada.
Vauras Investment sabe que es muy posible que esta querella no prospere, pero de momento ya ha conseguido que la justicia obligue al consistorio a retirar las multas, todo ello con la idea de condicionar el compromiso del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir una ley antidesahucios que ha demostrado su capacidad para resolver los problemas de muchísimas familias que el sistema había dejado abandonadas. Esta reacción por parte de Vauras indica lo que ya hace tiempo que sabemos: que la Ley 24/2015 funciona, y precisamente es por ello que la única alternativa que les queda a los grandes tenedores es intentar atemorizar a la Administración para que evite aplicarla.
Es imperativo que desde todos los estamentos sociales e institucionales -y judiciales- rechacemos el lawfare y exijamos que cualquier disputa de intereses se haga de manera política, es decir, con proyectos y movilizaciones, sin tergiversar el sentido de las normas jurídicas que no es otro que hacer efectivas las decisiones democráticas y la garantía de los derechos, especialmente aquellos más amenazados por los intereses de unos pocos, como lo es, desde hace demasiado tiempo, el derecho a una vivienda digna.