El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con la Sareb firmar 67 alquileres sociales para familias en riesgo de exclusión social. ¡Es necesario extenderlo a todos los casos amparados por la Ley 24/2015!
Las organizaciones impulsoras de la ley reclamamos que todos los pisos de la Sareb pasen al parque público de alquiler de las comunidades autónomas y ayuntamientos
La ampliación de la ley catalana antidesahucios aprobada por el Parlament el pasado mes de marzo e impulsada desde las entidades sociales comienza a dar resultados poco más de medio año después de su entrada en vigor. Gracias a la Ley 24/2015 y a la obligación de ofrecer alquileres sociales, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy un acuerdo con la Sareb en el que la entidad se compromete a no desahuciar a aquellas familias vulnerables que cumplan los requisitos de vulnerabilidad establecidos por la norma.
Asimismo, el acuerdo anunciado hoy incluye también regularizar la situación de 67 familias que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución, a través de contratos de alquiler social, acogiéndose a la Ley 24/2015, por lo que deberían pagar una renta equivalente al 10%, el 12% o el 18% de sus ingresos. Además, el Ayuntamiento asegura que están estudiando la posibilidad de regularizar la situación de otras doscientas familias en las próximas semanas.
El acuerdo anunciado hoy en Barcelona sigue el de otros ayuntamientos que en los últimos meses han firmado alquileres sociales en base a la norma catalana. Exigimos que la Sareb extienda de forma inmediata los alquileres sociales a todos los casos amparados por la Ley 24/2015 en Catalunya. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno del Estado incumpla la ley catalana amenazando con desahucios, al igual que pretenden hacer los fondos buitre cada día. ¡Hacemos un llamamiento a redoblar la presión sobre la Sareb para ganarle el pulso definitivamente!
La Sareb debe pasar a ser el parque de alquiler público que no tenemos
Está claro que todavía queda mucho por hacer: seguimos reclamando que la Sareb, que desde principios de año cuenta con la participación mayoritaria del Estado, ceda su patrimonio inmobiliario a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda que ahora mismo se mantiene en torno al 2%, uno de los más bajos de la Unión Europea. Asimismo, hoy día siguen bloqueadas las negociaciones para sacar adelante la Ley de Vivienda, ya que el PSOE no acepta incluir medidas de mínimos, como devolver el rescate a los bancos en forma de vivienda pública de la Sareb o extender el alquiler social obligatorio a todo el Estado.
Las entidades impulsoras de la ley catalana antidesahucios tenemos claro que medidas como las anunciadas hoy son el resultado de varios años de presión sobre instituciones y partidos políticos para que estos cumplan y garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía, especialmente a quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. El esfuerzo de estas organizaciones y tantas otras del movimiento por una vivienda digna ha resultado en diversas medidas como la ya citada ley, la regulación de precios del alquiler en Catalunya (ahora derogada por el Tribunal Constitucional) o la moratoria que suspende parte de los desahucios y permite prorrogar los contratos de alquiler durante la pandemia por COVID-19. La Sareb ha recibido también una presión social continuada con campañas como “La Sareb es nuestra”, “Plan Sareb” y los cientos de personas desahuciadas que han sido realojadas en pisos o edificios vacíos por la Obra Social de la PAH y el movimiento por el derecho a la vivienda.
Celebramos cada paso adelante logrado porque son victorias para las personas y familias en riesgo de ser desahuciadas y resultado de años de lucha y presión a todos los niveles. Al mismo tiempo, seguimos exigiendo soluciones inmediatas y generalizadas para detener todos los desahucios y firmar miles de alquileres sociales, ¡a la Sareb y a todos los grandes propietarios!