Exigimos al Presidente Torra el cumplimiento de los compromisos logrados en materia de vivienda y pobreza energética ahora que la Ley 24/2015 es completamente vigente.

Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario.

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
5. Incorporar las propuestas de ampliación de la 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
9. Hacer públicos los datos de los cortes parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.