A través de esta Iniciativa Legislativa Popular queremos hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestro país. Poner fin a la pobreza energética y a la emergencia habitacional, acabar así con la vulneración sistemática de derechos humanos que se viene produciendo desde hace tiempo.

Con éste objetivo se propone cinco medidas para hacer frente al sobre-endeudamiento, a los desahucios y a los cortes de suministraciones básicas:

  • Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad para las personas sobre-endeudadas y deudores de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno extrajudicial y uno judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual con tal de poder empezar de nuevo.
  • Ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria,  estableciendo la obligación a las entidades financieras de conceder un alquiler forzoso a las familias en situación de vulnerabilidad.
    Alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de vivienda, éste deberá de parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia. En cambio, cuando éste sea un pequeño tenedor de vivienda será la administración la obligada a conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en la vivienda o asegurar un realojamiento adecuado.
  • Creación de un parque público de alquiler estableciendo la obligatoria reconversión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda, con tal de poder realojar todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas.
  • Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas en los hogares vulnerables.
  • Ningún corte de luz, agua o gas. Se establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de servicios sociales con tal de aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por falta de recursos económicos de las familias afectadas.