1. ¿Por qué una Iniciativa Legislativa Popular?

En Cataluña hay 50 desahucios cada día, a las ya más de 110.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2008, es necesario sumar la creciente problemática de los desahucios por impago de alquiler. Así mismo, más de 320.000 familias sufren pobreza energética, porque no pueden mantener sus hogares a temperaturas adecuadas, o ya han sufrido cortes de suministros.

Después de la ILP presentada por la PAH en el Congreso de los Diputados, que recogió el apoyo de más de 1.400.000 firmas y del propio Parlamento de Cataluña, las medidas propuestas se han convertido en un clamor de la ciudadanía. Con la ILP en el Parlamento, se adaptan las reivindicaciones del anterior ILP estatal a las competencias autonómicas, introduciendo medidas frente nuevas problemáticas como los desahucios por impago de alquiler y la pobreza energética. Una vez más, es la ciudadanía organizada la que interpela a las instituciones para que actúen frente a una situación de emergencia.

2. ¿Cuál es el objetivo de la ILP?

Con las medidas que se prevén en la ILP se persigue garantizar el derecho a la vivienda poniendo fin a la pobreza energética y a la emergencia habitacional.

Así, la ILP en el Parlamento introduce medidas de segunda oportunidad para las personas sobreendeudadas; reivindica la garantía de un alquiler social para las familias en riesgo de desahucio; obliga a la creación de un parque público de alquiler a partir de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras; e impide los cortes de suministración básica que afecten a personas en situación de vulnerabilidad.

3. ¿Tiene competencias la Generalitat en esta materia?

El gobierno de la Generalitat de Cataluña dispone de importantes competencias en materia de vivienda, servicios sociales, obligaciones y contratos, y protección de consumidores y usuarios, que le permiten hacer frente a la actual situación de emergencia habitacional y pobreza energética

Así mismo, a pesar del marco normativo, el Gobierno continúa impulsando políticas que se han demostrado claramente insuficientes y que suponen un retroceso en la garantía al derecho a la vivienda y a los suministros básicos. Se sigue incentivando la mediación e interlocución con las entidades financieras, renunciando a cumplir con el deber de impedir la desocupación permanente de las viviendas. Las ayudas al pago de la vivienda siguen condicionadas a disponibilidad presupuestaria, excluyendo a las familias con ingresos insuficientes. Finalmente, se ignora completamente la problemática de las cada día más familias en situaciones de infravivienda, para las que no se prevé ninguna respuesta adecuada.

En el caso de los suministros básicos  desde la Generalitat no se da respuesta a la problemática que sufren muchas familias que no pueden hacer frente al pago de sus facturas. No existe un mínimo garantizado de acceso a éstos suministros para las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se producen cortes indiscriminados por qué no se aplica el principio de precaución, por el cual no se habría de producir ningún corte sin intervención de la administración pública. Hasta el momento sólo han propuesto medidas que no resuelven el problema de la pobreza energética que requiere de intervenciones estructurales para hacerle frente.

4. ¿Por qué no se prevén expresamente la dación en pago?

La ILP en el Parlamento no prevé la dación en pago como tal, sino un mecanismo de segunda oportunidad adaptado a las competencias de Cataluña. En materia de protección de los consumidores y derecho civil propio. A través de un procedimiento extrajudicial y otro judicial, se asegurará la extinción de todas las deudas derivadas del sobreendeudamiento hipotecario mediante la entrega de la vivienda.

5. Con la ILP, ¿es posible parar todos los desahucios en Cataluña?

La ILP previene una serie de medidas para garantizar que en Cataluña no se produzca ningún desahucio por impago de vivienda habitual a deudores de buena fe.

En el caso de las familias que no pueden pagar la hipoteca, se prevé un mecanismo para que, además de la dación en pago, las entidades financieras estén obligadas a concederles el alquiler forzoso de la vivienda ejecutada durante un mínimo de 3 años

En cuanto al alquiler, las personas y familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente a su pago tendrán garantizado el acceso a la vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor  de vivienda éste tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia. En cambio, cuando éste sea un pequeño tenedor de vivienda será la administración la encargada de conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en la vivienda o asegurar un realojamiento adecuado.

6. ¿La ILP afectará a los pequeños propietarios?

La ILP diferencia expresamente diferentes mecanismos en función de quién sea el propietario de la vivienda. En el caso de pequeños propietarios, serán las administraciones públicas las responsables de asegurar que las personas puedan seguir pagando el alquiler a través de ayudas, y en caso de que sea inevitable el desalojo, garantizar un realojo adecuado. A diferencia de lo que pasa con los grandes tenedores de vivienda, en ningún caso recaerá sobre los pequeños propietarios la responsabilidad de conceder un alquiler forzoso a las familias.

7. ¿Qué es la pobreza energética?

La pobreza energética afecta a las personas que no pueden pagar el recibo correspondiente a un consumo mínimo de suministros básicos de agua, luz y gas para poder vivir con dignidad. La radiografía de su crecimiento es alarmante: hoy 320.000 hogares catalanes viven en ésta situación. La causa principal ha sido la subida de precios de estos suministros, pues los precios de la energía y el agua han subido, desde el 2007, más del 60%, y en la última década se han doblado, situando el coste de la energía a día de hoy en un 30% por encima de la media europea. Así, aunque la población esté bajando sus consumos, el recibo no para de subir, de la misma manera que los beneficios de las compañías, que doblan los del resto de compañías europeas.

La pobreza energética afecta directamente a la salud de las personas: solo en el 2012 se produjeron en el Estado español entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras vinculadas a esta problemática

8. ¿El Decreto de la Generalitat es suficiente para acabar con la pobreza energética?

El Decreto impulsado por la Generalitat para prever medidas contra la pobreza energética resultó totalmente insuficiente. Se preveía una tregua invernal que endeudaba aún más a las familias porque no perdonaba la deuda sino que la aplazaba. Además no se hizo ningún esfuerzo en dar a conocer este Decreto y finalmente sólo 850 familias pudieron acogerse.

Hoy en día el Decreto está suspendido por el Tribunal Constitucional, pese a eso la Generalitat prevé tirar-lo adelante a través de acuerdos con las distribuidoras, elemento que pondría en total indefensión a las familias delante de las compañías pues quedarían endeudadas a partir del 1 de abril. Para hacer frente a esta deuda, la Generalitat quiere impulsar un fondo para los impagos con capital mayoritariamente público y por lo tanto produciría más una garantía de cobro a las empresas suministradoras que no una medida para acabar con la pobreza energética.

Es necesario que se apliquen medidas estructurales que pongan fin a la pobreza energética garantizando un mínimo de suministros básicos a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que no se produzca ningún corte y consigan que las empresas suministradoras asuman las responsabilidades y no sólo los beneficios de gestionar estos servicios básicos.

9. ¿Cuál sería el coste económico y social de no aprobar la ILP?

No aprobar las medidas de la ILP implica condenar a miles de personas a la pobreza y exclusión social de forma irreversible.

  • Vulnerando los derechos humanos más básicos, en concreto el derecho a una vivienda digna, configurando en el ámbito internacional recogido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 11 del PIDESC.
  • Hipotecando las finanzas públicas con tal de subsidiar las necesidades de las familias sobreendeudadas.
  • Excluyendo a millones de personas que se ven obligadas a acudir a la economía sumergida delante de la amenaza de embargos de salario delante los impagos por vivienda o suministros. Este hecho, comporta la evasión de impuestos y la consecuente reducción de ingresos públicos, en un contexto en que éstos son más necesarios que nunca.

En definitiva, garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros, supondría liberar unos recursos que contribuirían de manera decisiva a reactivar la demanda interna, el consumo y por tanto, la economía.

10. ¿Quién pagará el coste de la aplicación de las medidas de la ILP para garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros básicos?

Garantizar el respeto del derecho a la vivienda y el acceso a los suministros básicos en Cataluña es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat. Para conseguirlo es imprescindible impedir la existencia de grandes cantidades de viviendas permanentemente vacías propiedad de entidades financieras y grandes tenedores, así como asegurar la colaboración de las grandes empresas en la garantía de los suministros básicos y el paro de los desahucios.

En este sentido es necesario destacar que las cinco entidades financieras más grandes del Estado español –Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— cerraron 2013 con un beneficio de 7.674 millones. Desde que comenzó la crisis las administraciones públicas han transferido alrededor de 165.000 millones de euros a las entidades financieras sin exigirles ninguna contrapartida social. Según estudios oficiales, son éstas mismas entidades las que concentran el grosor de pisos vacíos en el Estado español.

Respecto al oligopolio eléctrico, lleno de ex ministros y presidentes, duplica los beneficios de las empresas europeas. Las sucesivas subidas de la luz registradas han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que empezó la crisis económica. La patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC) asegura que entre 2003 y 2011, las grandes eléctricas han obtenido un ratio de beneficio sobre ventas siete veces superior al conjunto de las PIME catalanas.

En un contexto de déficit público como el actual no se puede renunciar a interpelar a las entidades bancarias y compañías suministradoras para que asuman su parte de responsabilidad en revertir la situación de emergencia habitacional y energética actual.